Cornyn y Peters promueven iniciativa para contratar mil oficiales por año y personal de apoyo en Aduanas y Protección Fronteriza.
WASHINGTON, D.C.- En un esfuerzo bipartidista por mejorar la seguridad nacional y responder a la escasez de personal en los puertos de entrada de Estados Unidos, los senadores John Cornyn (republicano por Texas) y Gary Peters (demócrata por Michigan) presentaron el proyecto de ley denominado Acta de Seguridad en los Puertos de Entrada a América.
De ser aprobado, el proyecto ordenaría a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) contratar al menos mil oficiales adicionales por año hasta cubrir la totalidad de las plazas vacantes.
Esta medida aplicaría tanto en aeropuertos internacionales como en puertos marítimos y cruces terrestres.
La iniciativa responde a reportes persistentes sobre la falta de personal en los puntos de ingreso al país, una situación que ha generado retrasos operativos, debilitado la capacidad de control migratorio y obstaculizado los esfuerzos de fiscalización contra activ idades ilícitas.
Además del reclutamiento de agentes, la propuesta autoriza la contratación anual de personal técnico y de apoyo que asistiría a los oficiales en funciones administrativas y operativas. El objetivo es liberar a los agentes de tareas logísticas y permitirles enfocarse en la aplicación de la ley, especialmente en lo relacionado con el combate al narcotráfico.
Según datos recientes de CBP, miles de posiciones permanecen sin cubrir, afectando la eficiencia del sistema fronterizo.
Organizaciones sindicales y expertos en seguridad han advertido que la situación compromete la vigilancia, especialmente frente al incremento del flujo de drogas sintéticas como el fentanilo.
“El fortalecimiento de nuestros puertos de entrada es fundamental para garantizar la seguridad y la eficiencia en el comercio y la migración legal”, afirmó Cornyn en un comunicado.
Por su parte, Peters destacó que la medida también tiene como fin “proteger a las comunidades estadounidenses del tráfico ilegal”.
El proyecto será evaluado por el Comité de Seguridad Nacional del Senado antes de pasar a votación. De avanzar, implicaría una inversión federal significativa para modernizar y ampliar las capacidades humanas de la CBP a lo largo de la próxima década.
