Esta medida busca contener a organizaciones criminales y terroristas que, según la administración, operaron sin consecuencias durante el gobierno anterior de Joe Biden.
Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de fuerzas militares en un tramo de casi 300 kilómetros de la frontera sur en el estado de Nuevo México, ampliando lo que su administración denomina “área de defensa nacional”.
Esta medida, anunciada por la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una conferencia desde la Casa Blanca, forma parte de una nueva ofensiva federal contra el crimen organizado transfronterizo.
Leavitt explicó que esta acción tiene como fin “detener y procesar a las bandas criminales y terroristas que operaron en el país sin consecuencias durante el gobierno de Joe Biden”.
En ese sentido, detalló que el presidente Trump considera prioritaria la restauración del orden y la soberanía en los límites fronterizos, y que no se permitirá “ni un paso más a la impunidad”.
Además del despliegue en Nuevo México, se reforzarán 140 kilómetros adicionales de frontera en Texas. En esta zona se instalarán puestos militares, sistemas de vigilancia aérea, torres de monitoreo, y se movilizarán unidades especializadas de la Guardia Nacional y del Departamento de Defensa.
Se trata, según la Casa Blanca, del mayor movimiento coordinado de seguridad fronteriza desde 2019. La administración asegura que informes de inteligencia advierten sobre un repunte en las actividades ilegales en esa franja, desde tráfico de drogas y armas hasta ingreso de individuos vinculados a organizaciones extremistas.
“No estamos militarizando la frontera, estamos desmantelando las redes criminales que ponen en peligro la vida de nuestros ciudadanos”, puntualizó Leavitt. El anuncio no ha tardado en provocar reacciones.
Congresistas republicanos respaldaron la medida como una acción “necesaria y urgente” frente al caos heredado, mientras que líderes demócratas acusaron al presidente Trump de fomentar una política de miedo y exclusión.
Organizaciones de derechos humanos, por su parte, han advertido sobre el riesgo de abusos y detenciones arbitrarias. Funcionarios locales en los estados fronterizos han pedido coordinación estrecha para evitar afectaciones a la población civil.
“Necesitamos garantizar que cualquier intervención federal respete nuestros marcos legales y los derechos humanos de todas las personas, sin importar su estatus migratorio”, declaró un portavoz de la gobernadora de Nuevo México.
