El gobierno de Estados Unidos ha propuesto una normativa para recopilar los nombres de usuario en redes sociales de personas que soliciten beneficios migratorios.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha propuesto una nueva medida que exige a los solicitantes de beneficios migratorios proporcionar sus nombres de usuario en redes sociales.
Esta disposición busca fortalecer la detección de fraudes, prevenir el robo de identidad y garantizar la seguridad nacional, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS).
La propuesta se enmarca dentro del decreto ejecutivo “Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”, impulsado por la administración de Donald Trump.
Aunque la supervisión de redes sociales para procesos migratorios no es nueva y se ha intensificado desde 2014 bajo la administración de Barack Obama, la nueva medida amplía el alcance a todas las personas que soliciten ciudadanía, residencia permanente o asilo.
Actualmente, los solicitantes de visas deben proporcionar sus identificadores en redes sociales. Sin embargo, este cambio afectaría a aproximadamente 3,6 millones de personas anualmente, incluyendo aquellas que ya residen legalmente en el país y están en proceso de regularización.
PREOCUPACIONES SOBRE PRIVACIDAD Y DERECHOS
Organizaciones defensoras de derechos civiles han expresado su preocupación por el posible impacto de la medida en la privacidad y la libertad de expresión.
Rachel Levinson-Waldman, del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, advierte que el uso de redes sociales para evaluar a solicitantes podría llevar a decisiones erróneas o arbitrarias debido a la dificultad de interpretar el contenido en estos espacios digitales.
El USCIS sostiene que la recopilación de estos datos es crucial para garantizar la seguridad del país y evitar que individuos con ideologías consideradas perjudiciales obtengan beneficios migratorios.
Sin embargo, críticos argumentan que la medida podría afectar desproporcionadamente a ciertos grupos, como activistas y manifestantes, al considerar sus opiniones en redes sociales como un factor en sus procesos migratorios.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITANTES
El análisis de redes sociales por parte del gobierno ha evolucionado con el uso de inteligencia artificial (IA). No obstante, expertos advierten que estas herramientas aún presentan limitaciones significativas.
Leon Rodriguez, exdirector del USCIS, señala que la IA puede ser útil como herramienta preliminar, pero no reemplaza la evaluación de un funcionario capacitado en detección de fraudes y seguridad nacional.
Además, existe el riesgo de errores en la interpretación de publicaciones y de que perfiles falsos o información sacada de contexto generen decisiones injustas. Levinson-Waldman recalca que basar determinaciones migratorias en redes sociales plantea riesgos serios en cuanto a derechos fundamentales.
La vigilancia de redes sociales también abre interrogantes sobre la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., que protege la libertad de expresión.
Aunque el gobierno tiene amplia autoridad para revocar visas o negar beneficios migratorios, en teoría no puede hacerlo basándose únicamente en discursos protegidos constitucionalmente.
Sin embargo, la implementación de esta política podría generar un efecto inhibidor, limitando la participación en debates públicos por temor a repercusiones migratorias.
