Tras suspender el programa de representación jurídica para menores no acompañados, el gobierno federal revierte la decisión y permite la reanudación del servicio.
WASHINGTON, D.C.- A pocos días de suspender un programa clave de asistencia legal para niños migrantes no acompañados, el gobierno federal ha dado marcha atrás y ha permitido la reanudación del servicio, garantizando nuevamente el acceso a representación en los procedimientos migratorios.
La decisión original de suspender el programa, financiado con un contrato de cinco años y con un presupuesto de 200 millones de dólares, generó una fuerte reacción de organizaciones de derechos humanos y defensores de la infancia.
Según Acacia Center for Justice, entidad encargada de gestionar el servicio, la medida habría afectado a aproximadamente 26,000 menores que dependen de esta representación, además de dejar sin formación jurídica a otros 100,000.
El Departamento del Interior emitió un aviso el viernes en el que canceló la orden de suspensión sin ofrecer explicaciones sobre el cambio de postura. Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia, señaló que su equipo continuará trabajando con el gobierno para asegurar la restauración total del servicio.
Organizaciones como Kids in Need of Defense y Amica Center for Immigrant Rights advirtieron que el intento de eliminar el programa habría puesto en riesgo el debido proceso de miles de niños, algunos de ellos en edades tan tempranas que ni siquiera pueden comprender el sistema judicial.
La asistencia legal a menores migrantes en Estados Unidos es una cuestión de alta sensibilidad.
La Ley de Protección de Víctimas de Trata de 2008 establece que el gobierno debe facilitar representación jurídica para estos niños, aunque no obliga a que cada uno tenga un abogado.
Sin embargo, expertos en derechos humanos sostienen que eliminar este apoyo los deja indefensos ante procedimientos de deportación.
Si bien la reactivación del programa es un alivio para los afectados, la incertidumbre persiste.
La administración aún debe decidir en marzo si renovará el contrato que financia estos servicios, lo que mantiene en vilo a defensores y beneficiarios del programa.
