Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, enfrentará su sentencia el próximo 10 de enero tras ser declarado culpable en mayo de 2024 por 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Estos cargos están relacionados con un pago de 130 mil dólares hecho por su entonces abogado, Michael Cohen, a la actriz porno Stormy Daniels para silenciarla sobre un supuesto encuentro sexual antes de las elecciones de 2016, el cual Trump niega categóricamente.
El juez Juan Merchán rechazó la moción de Trump para desestimar el caso, argumentando que su reciente victoria electoral no anula los procesos legales en curso. Merchán aclaró que el mandatario electo puede asistir a la audiencia de sentencia de manera presencial o virtual. Aunque el juez señaló que no es partidario de imponer una pena de cárcel, las repercusiones legales podrían continuar más allá de su mandato presidencial.
El equipo legal de Trump sostiene que este caso nunca debió presentarse, calificándolo como una estrategia ilegal para desestabilizar su presidencia. Además, argumentaron que el proceso judicial podría interferir con su capacidad para gobernar eficazmente. Sin embargo, los fiscales han planteado alternativas, como aplazar la sentencia hasta el final de su mandato o garantizar que no implique prisión, destacando que este enfoque podría preservar la funcionalidad del Ejecutivo.
