Un informe del Inspector General del Departamento de Justicia reveló que, entre 2017 y 2018, la administración de Donald Trump llevó a cabo investigaciones secretas sobre filtraciones de información clasificada. Estas incluyeron la recolección de registros telefónicos y de mensajes de texto de 43 miembros del personal del Congreso, dos legisladores, y periodistas de medios como The New York Times, The Washington Post y CNN. Los fiscales obtuvieron esta información mediante citaciones a proveedores como Apple, acompañadas de órdenes de silencio para impedir que las empresas notificaran a los afectados.
Aunque el informe concluyó que no hubo motivos políticos, sí criticó al Departamento de Justicia por ignorar la separación de poderes y violar políticas internas que requieren la consulta a un comité especial antes de investigar a la prensa. El entonces fiscal general William Barr aprobó algunas de estas citaciones sin consultar al comité, y se negó a cooperar con la investigación del Inspector General.
El senador Ron Wyden calificó estas acciones como una amenaza al sistema constitucional, señalando que permiten que un solo fiscal espíe al Congreso. Aunque no se presentaron cargos penales, las incautaciones podrían inhibir la capacidad del Congreso para supervisar al poder ejecutivo, dejando preocupaciones sobre el abuso de poder y la posible eliminación de políticas de transparencia en administraciones futuras.
