En un giro político sin precedentes, el Congreso de Corea del Sur anuló la ley marcial decretada por el presidente Yoon Suk Yeol apenas dos horas después de su promulgación. El mandatario justificó la medida como un mecanismo para combatir las «fuerzas antiestatales pronorcoreanas», en medio de crecientes tensiones políticas y sociales.
En un discurso televisado, Yoon argumentó que la ley marcial era necesaria para «proteger el orden constitucional y la libertad» frente a lo que calificó como «actividades comunistas». Sin embargo, su decisión generó un fuerte rechazo tanto en la oposición como dentro de su propio partido, el conservador Partido del Poder Popular. Durante la breve vigencia de la ley, las fuerzas armadas bloquearon el acceso al Congreso, deteniendo a legisladores que intentaron ingresar.
El Congreso, controlado por el opositor Partido Demócrata, votó de manera abrumadora con 190 votos a favor de anular la medida. Tras esto, la Oficina del Presidente de la Asamblea Nacional declaró inválida la ley marcial.
La ley establecía restricciones severas, como la prohibición de manifestaciones, control estatal de los medios, y despliegue militar en las calles. Aunque Yoon prometió minimizar el impacto en los ciudadanos, su decisión fue vista como un intento de consolidar poder ante el rechazo de mociones presupuestarias y destituciones en su gobierno.
