Los fiscales de Manhattan han aceptado aplazar temporalmente la condena de Donald Trump por los cargos relacionados con pagos secretos a la actriz Stormy Daniels, realizados durante la campaña presidencial de 2016. Sin embargo, se han opuesto firmemente a desestimar los 34 cargos graves por falsificación de registros comerciales, argumentando que estos delitos fueron cometidos antes de que Trump asumiera la presidencia en 2017.
La defensa del expresidente ha señalado que una reciente decisión de la Corte Suprema sobre inmunidad presidencial podría invalidar la condena, afirmando que algunos actos considerados en el caso están protegidos por dicha inmunidad. Según Emil Bove, abogado de Trump, mantener la condena podría dificultar su capacidad para gobernar durante su próximo mandato. Los defensores también han citado la Ley de Transición Presidencial, que busca reducir interrupciones durante el cambio de poder.
Por su parte, los fiscales han insistido en que la inmunidad presidencial no aplica a los delitos imputados, ya que estos ocurrieron fuera del periodo de su mandato. El fiscal Matthew Colangelo calificó el caso como una situación «sin precedentes» y subrayó que cualquier decisión debe equilibrar los intereses de justicia con la transición presidencial.
La sentencia estaba prevista inicialmente para el 26 de noviembre, pero el juez Juan Merchán pospuso el fallo para evaluar el impacto de la inmunidad presidencial en el caso. Mientras la defensa presiona para anular los cargos, los fiscales buscan mantener la condena y garantizar que la justicia prevalezca en este proceso único.
