A dos años del asesinato de Mahsa Amini bajo custodia policial, las autoridades iraníes han incrementado la represión contra mujeres y niñas, según un informe reciente de la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos. Las protestas que comenzaron en 2022 bajo el lema «Mujer, vida, libertad» han sido respondidas con medidas aún más severas, especialmente desde la implementación del llamado Plan Noor en abril de 2024, que refuerza la vigilancia estatal y sanciona con violencia física a quienes desafían el uso obligatorio del hiyab. Este aumento de la represión incluye golpes y agresiones a mujeres en público, vigilancia mediante drones y un proyecto de ley que contempla castigos más severos para quienes se resistan a estas leyes, como multas elevadas y penas de prisión.
El gobierno iraní ha dirigido también su atención hacia las regiones kurdas, como Saqqez, la ciudad natal de Mahsa Amini, donde las fuerzas de seguridad han intensificado los controles. Human Rights Watch advirtió sobre el incremento de la presencia militar en estas áreas, y la ONU expresó preocupación por las crecientes condenas a muerte de mujeres activistas, muchas de ellas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas. Además, se reportan casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones en un intento por silenciar las voces disidentes.
La represión en Irán parece estar destinada a intimidar y sofocar cualquier levantamiento popular, con un impacto devastador en las mujeres y niñas que continúan luchando por sus derechos bajo un sistema opresivo.
