El gobierno de Nicaragua, bajo el liderazgo de Daniel Ortega, retiró la nacionalidad a 135 expresos políticos que fueron exiliados a Guatemala tras una mediación de Estados Unidos. Esta medida, que incluyó la confiscación de sus bienes, se une a la privación de la nacionalidad de 451 opositores nicaragüenses en lo que va de 2023. Entre los afectados hay miembros de organizaciones religiosas, estudiantes y críticos del régimen, quienes han sido acusados de atentar contra la soberanía nacional.
El régimen de Ortega, que enfrenta acusaciones de autoritarismo desde su retorno al poder en 2007, ha intensificado la represión contra disidentes tras las protestas prodemocracia de 2018, que dejaron más de 300 muertos. Desde entonces, ha encarcelado, expulsado y despojado de sus derechos a cientos de opositores, además de cerrar miles de organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas ligadas a la Iglesia católica.
La reciente medida ha generado nuevas críticas internacionales, incluyendo un llamado de la ONU para proteger los derechos de los exiliados, ante la aprobación de leyes que podrían aumentar la represión en Nicaragua.
