Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el 28 de julio, han dejado un saldo alarmante de violaciones a los derechos humanos. Según la organización Provea, al menos 40 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas entre el 29 de julio y el 1 de agosto, en un contexto de represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Estas acciones, llevadas a cabo por fuerzas de seguridad estatales y grupos paramilitares, coinciden con más de 130 detenciones arbitrarias documentadas por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Las desapariciones se produjeron después de que ciudadanos venezolanos salieran a las calles para protestar en contra de lo que consideran una elección fraudulenta. La represión no solo ha incluido detenciones y desapariciones, sino también actos de violencia que han resultado en más de 90 personas heridas durante las manifestaciones del 29 y 30 de julio. Las organizaciones de derechos humanos han solicitado la liberación inmediata de los detenidos y han denunciado la persecución constante contra quienes se atreven a manifestar su descontento con el régimen.
El líder opositor Edmundo González Urrutia, quien reemplazó a la inhabilitada María Corina Machado como candidato, ha exigido al gobierno de Maduro que cese la violencia y las persecuciones. González Urrutia, quien afirma haber ganado las elecciones con el 67% de los votos, ha llamado a respetar la Constitución venezolana y a liberar a los detenidos. Sus declaraciones subrayan la grave crisis política y social que atraviesa Venezuela, donde el propio Maduro ha calificado a los manifestantes de «terroristas» y ha admitido que más de 2,200 personas han sido arrestadas tras las protestas.
En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha iniciado un proceso de peritaje para certificar la victoria de Maduro, una decisión que será inapelable según la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez. La situación en Venezuela continúa siendo tensa, con la comunidad internacional observando de cerca los acontecimientos y las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La represión y las desapariciones forzadas son el reflejo de un régimen que, según los críticos, busca silenciar a la oposición y mantener el control a cualquier costo, en un país sumido en una profunda crisis económica, política y social.
