Amina Filali tenía 15 años cuando les contó a sus padres que la habían violado.
La familia, “siguiendo el consejo de un funcionario judicial”, según dijo el padre de la menor, la obligó a casarse con su violador, un hombre de unos 25 años.
Meses después, tras denunciar golpizas y agresiones, la adolescente se suicidó con 16 años tomando veneno para ratas.
Amina murió en 2012 en un pequeño pueblo en Marruecos y su caso emblemático desató protestas y campañas de grupos de mujeres a nivel nacional.
El Parlamento de Marruecos finalmente derogó en 2014 la ley que permitía a un violador evadir la justicia si se casaba con su víctima.
Pero leyes del mismo tipo aún son una realidad en varias partes del mundo, incluída América Latina, según el reciente informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), titulado “Mi cuerpo me pertenece”.
El reporte señala que casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen autonomía sobre sus cuerpos, y se les niega el derecho a decidir si desean tener relaciones sexuales, usar métodos anticonceptivos o buscar atención de salud.
Esto “debería indignarnos a todos”, afirmó la Directora Ejecutiva del UNFPA, Natalia Kanem. “En esencia, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. Sus vidas son gobernadas por otros”.
¿Qué países tienen estas leyes a nivel internacional?
El informe de la ONU cita como una de sus fuentes los reportes de la ONG internacional con sede en Washington “Equality Now”.
En su informe de 2017, Equality Now destacó numerosos ejemplos de países en Medio Oriente y el norte de África en los que un violador puede evadir la justicia mediante el matrimonio: Irak, Baréin, Libia, Kuwait, territorios palestinos, Túnez, Jordania y Líbano.
Otros ejemplos citados en el informe de la ONU son Angola, Argelia, Camerún, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Siria y Tayikistán.
Las víctimas casadas con sus violadores se ven atrapadas en uniones que las exponen a posibles violaciones y otras agresiones de por vida.
¿Cuál es la situación en América Latina?
La mayoría de los países en la región derogaron los artículos en sus códigos penales que permitían a un violador evadir la justicia casándose con su víctima.
Pero estos cambios legales son relativamente, e increíblemente, recientes. Esas normas se eliminaron por ejemplo en Uruguay en 2006, en Costa Rica en 2007 y en Bolivia en 2013.
Y un país de la región, República Dominicana, aún tiene un artículo en su código penal que permite que el perpetrador de una violación escape a su condena contrayendo matrimonio.
