El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha tomado una decisión significativa en relación con la Violencia Política de Género (VPG), evidenciando divisiones internas dentro de este órgano.
En el cierre del año 2023, con el respaldo de la nueva presidenta, Mónica Soto Fragoso, y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña, se acordó adoptar criterios más estrictos para definir la VPG, incluyendo la consideración de cualquier señalamiento crítico sobre una presunta subordinación de mujeres aspirantes a hombres de poder, incluso si dichos señalamientos provienen de otra mujer.
Este cambio contrasta con la previa tolerancia del tribunal, que, argumentando la protección de la libertad de expresión, había tomado una postura más permisiva en estos asuntos.
Estos nuevos criterios, aprobados durante la sesión del 27 de diciembre, tendrán implicaciones en la próxima competencia presidencial y surgieron a raíz del caso de Delfina Gómez, precandidata a la gubernatura del Estado de México, quien fue señalada por la diputada Melissa Vargas (PRI) de depender de decisiones políticas de hombres.
A pesar de que algunos magistrados argumentaron que estas expresiones eran propias de una contienda electoral, el grupo que logró la destitución del magistrado Reyes Rodríguez definió los límites para juzgar las quejas por VPG durante la contienda presidencial, implicando que cualquier crítica sobre la subordinación de mujeres a hombres sería considerada como VPG, incluso si es hecha por otra mujer.
El caso de Delfina Gómez se convirtió en un punto crucial, ya que los magistrados ahora hegemónicos en el TEPJF dictaminaron que las expresiones de la diputada Vargas constituyeron VPG en detrimento de la precandidata. Esto ha generado debates intensos dentro del tribunal, especialmente sobre cómo se debe interpretar y aplicar la VPG, especialmente cuando las acusaciones provienen de mujeres hacia otras mujeres.
La presidenta del tribunal, Mónica Soto, ha defendido la importancia de abordar la VPG desde una perspectiva feminista, destacando que cualquier señalamiento que perpetúe la idea de la subordinación de las mujeres debe ser considerado como VPG. Esta posición ha sido criticada por otros magistrados, quienes sostienen que juzgar estas situaciones con los mismos estándares que se aplican a los hombres podría tener consecuencias negativas para las mujeres.
El debate en el tribunal sobre la VPG también ha generado llamados desde la oposición en el Congreso para limitar las intervenciones del presidente en contra de las candidatas de partidos políticos opuestos. Se plantea que estas intervenciones presidenciales constituyen VPG y deberían ser motivo de anulación de elecciones, aunque el TEPJF hasta ahora ha sido omiso en este aspecto.
La secretaria general del PRI y diputada federal, Carolina Viggiano Austria, ha presentado una iniciativa para considerar como causal de nulidad de elecciones los pronunciamientos presidenciales que acrediten VPG, en un intento por detener la violencia política hacia las mujeres en la esfera política mexicana.
