CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que solicitó al Poder Judicial que investigue al juez que frenó la entrada en vigor de una nueva ley que da ventaja a la generación estatal de electricidad sobre las plantas privadas de energías renovables o de gas natural, algunas de las cuales fueron construidas por empresas extranjeras.
A pesar de cuestionar abiertamente las actuaciones del juez que bloqueó la reforma legal impulsada por su gobierno, López Obrador se manifestó respetuoso de la autonomía del Poder Judicial y del derecho al amparo.
El gobernante indicó, durante su conferencia matutina, que envió una misiva al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para pedirle que determine si al juez Juan Pablo Gómez Fierro “le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”.
López Obrador dijo, al leer la carta, que solicitó al Consejo de la Judicatura que realice una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro, quien la semana pasada concedió amparos para frenar la entrada en vigencia de la reforma de la ley de la industria eléctrica, decisión que según el gobernante se dio “vía rápida”.
El mandatario afirmó, sin mostrar pruebas, que se ha conformado un “buró jurídico” para “oponerse a las obras, acciones y políticas” emprendidas por su gobierno e indicó, al leer la misiva, que “sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de derecho”.
Uno de los primeros en reaccionar a las declaraciones del gobernante fue el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, quien dijo el lunes al medio local Radio Fórmula que era “desafortunado” que López Obrador utilice la tribuna para “denostar a un juez cuando tiene un recurso de queja” y descartó que esté detrás de la suspensión de la reforma, tal como refirió el mandatario.
Tras los cuestionamientos de López Obrador a las actuaciones del juez, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito salió en defensa de sus miembros y dijo en un comunicado, sin mencionar al gobernante, que ante las expresiones que ponen en duda la actuación de los jueces su “único compromiso es con la constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de derecho”.
La reforma de la ley de la industria eléctrica, que entró en vigor el 9 de marzo, contempla que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas generadoras del gobierno, las cuales operan en su mayoría con combustibles fósiles como carbón, fueloil y diésel. Si resultara insuficiente para cubrir la demanda, se compraría entonces la electricidad de plantas privadas de gas natural y fuentes renovables.
La nueva regulación, que fue aprobada a inicios de mes por el Senado -controlado por el partido oficialista Morena y sus aliados- ha sido objetada por inversionistas, muchos de ellos extranjeros, que sostienen que la reforma el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, así como los compromisos de México de reducir las emisiones de carbono. Los inversionistas aseguran además que con la reforma se crea un monopolio gubernamental de facto, se daña la competencia y se encarece la electricidad.
López Obrador insinuó la semana pasada que estaba dispuesto a negociar con las compañías extranjeras si aceptan contratos menos lucrativos. Eso es algo que ya hizo previamente, cuando amenazó con cancelar los contratos de gasoductos para las plantas generadoras a menos que las compañías que los construyeron aceptasen cambios en sus contratos.
Al defender la reforma legal el mandatario afirmó el lunes que las empresas que vendían la energía eléctrica a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) “hacían su agosto y vendían la energía eléctrica a precios elevadísimos” y que esos altos costos se trasladaban al consumidor normal.
Tras el desplome del uso de la electricidad como consecuencia de la pandemia, la CFE sufrió una caída en sus ingresos y un aumento de sus reservas de fueloil, el cual tiene que quemar pese a que es un combustible sucio que ha perdido uso en el mundo.
Muchas plantas de energía eólica, solar y de gas fueron construidas en México por compañías extranjeras luego de la reforma energética del gobierno anterior, a la que López Obrador se opuso. El presidente es un férreo defensor de las empresas estatales y los combustibles fósiles.
La reforma legal ha desatado quejas de grupos privados de negocios e inversionistas estadounidenses. La Cámara de Comercio de Estados Unidos señaló en febrero que la ley “contravendría directamente los compromisos mexicanos” contraídos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que establece límites estrictos en cómo un gobierno puede favorecer a sus empresas en detrimento de empresas ajenas.
