La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una sentencia que recalca la necesidad urgente de brindar una protección legal reforzada a niñas, niños y adolescentes que son víctimas de delitos. El caso que desencadenó esta determinación involucra a un niño de doce años que fue secuestrado durante casi un mes, lo cual provocó que su padre presentara una denuncia.
A pesar de que el menor fue liberado, los secuestradores, tras su detención, fueron absueltos de los delitos imputados, en un giro inesperado. Se identificó una deficiencia en la asesoría jurídica proporcionada al niño desde el inicio de la investigación, lo que llevó a la víctima a iniciar un juicio de amparo. El Tribunal Colegiado reconoció esta deficiencia y otorgó el amparo para rehacer el procedimiento, pero los secuestradores apelaron esta decisión, dando lugar a un recurso de revisión.
La Primera Sala de la SCJN concluyó que en casos que implican a menores como víctimas de delitos, es esencial establecer directrices que aseguren una protección reforzada por parte de los asesores jurídicos que los representan. Se hizo hincapié en que la función de estos asesores no debe limitarse a un requisito formal, sino que debe garantizar la participación efectiva de la víctima en todo el proceso penal. Se subrayó la necesidad de una asesoría proactiva, especialmente cuando las pruebas presentadas sean insuficientes o se hayan obtenido violando derechos fundamentales.
En consecuencia, la Primera Sala confirmó el amparo otorgado y propuso la creación de directrices específicas que refuercen la protección del derecho a la asesoría jurídica en casos similares que involucren a menores. Esta medida pretende asegurar una defensa efectiva de los derechos legales de los menores afectados por delitos, enfocándose en garantizar una asesoría jurídica proactiva y efectiva en beneficio de los menores víctimas de actos criminales.
