La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm) ha denunciado un problema crítico relacionado con la entrega de permisos para el aprovechamiento sustentable de especies en el país. Este cuello de botella se ha generado debido a la falta de acción por parte de María de los Ángeles Cauich García, la titular de la dirección general de Vida Silvestre (DGVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El resultado de este rezago es un aumento en el tráfico y comercio ilegal de especies, el furtivismo y la clandestinidad. Esta situación paraliza el mercado legal y afecta a los programas de conservación e investigación de la vida silvestre.
Ernesto Zazueta, presidente de la Azcarm, explicó que la falta de operativos eficaces permite que pescadores, cazadores, taladores furtivos y comerciantes ilegales nacionales y extranjeros se aprovechen de los recursos naturales, explotándolos sin control. Mientras tanto, la DGVS pone obstáculos a los programas de manejo y conservación de especies de flora y fauna realizados por las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), mediante la implementación de «nuevos criterios de evaluación» que no toman en cuenta las graves consecuencias de sus acciones.
El presidente de Azcarm señaló que están particularmente preocupados por la interferencia de la DGVS en los programas de conservación del lobo mexicano y del cóndor de California, en los que se ha invertido considerable tiempo y dinero.
Además, María de los Ángeles Cauich García está afectando a miles de familias necesitadas que dependen directamente del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, incluyendo la tierra, los bosques, el mar, los ríos y las selvas, y que ahora enfrentan dificultades para sobrevivir debido a esta problemática.
Por otro lado, la presidenta del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón Trujillo, ha advertido sobre los elevados costos económicos del cambio climático en México. Aunque es difícil calcular con precisión el impacto de los costos ambientales, sociales y económicos de la crisis climática, se estima que estos costos podrían representar un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto (PIB) en la próxima década. Se mencionan estimaciones que van desde el 1.1% del PIB para el año 2030 hasta cerca del 6.9% para el año 2050.
La situación refleja un doble desafío para México, ya que no solo se enfrenta a la pérdida de biodiversidad debido a la falta de regulación adecuada, sino que también debe lidiar con las consecuencias económicas del cambio climático si no se toman medidas decisivas.
