De acuerdo con ‘Reuters’, Tomas Ojea Quintana, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mencionó que a pesar que en Corea del Norte no se ha reportado ningún caso confirmado de Covid-19, la imposición de los cierres fronterizos, así como la prohibición de viajes internacionales y la restricción severa de movimiento nacional ha agudizado la violación ante los derechos humanos.
Ante esto, ha hecho un llamado a las autoridades norcoreanas con la finalidad de que estas garanticen que las consecuencias negativas ante las medidas de prevención “no sean desproporcionalmente mayores que el impacto de la pandemia”.
Tras el cierre de fronteras se ha reducido el comercio con China, esto provoca que exista una disminución significativa en las actividades del mercado, logrando reducir los ingresos de las familias que dependen de esta actividad, asimismo, Ojea ha denunciado la escases de medicinas, insumos agrícolas para la agricultura, bienes esenciales y materias primas para las fábricas estatales.
De igual manera detalló que los tifones e inundaciones del año pasado podrían provocar una “grave crisis alimentaria”, detallando que ya han sido reportadas muertes por inanición, de igual manera se ha registrado un aumento en el número de niños y adultos mayores que han recurrido a la mendicidad puesto que sus familias no pueden mantenerlos.
Por su parte, Pyongyang no reconoce lo dicho por el investigador, también ha rechazado las acusaciones por parte de la ONU de crímenes contra la humanidad, provocando que únicamente tres trabajadores humanitarios internacionales permanezcan en la nación asiática.
Se espera que Corea del Norte reciba 1.7 millones de vacunas de AstraZeneca para finales de mayo mediante el programa Covax, el cual ayuda a los países pobres. Mientras tanto, Quintana ha pedido a Pyongyang que se otorgue el acceso completo a trabajadores médicos y humanitarios que se encuentran involucrados en las vacunas empleadas para hacerle frente al Covid-19.
