Gisela Morales González, la Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), compareció ante legisladores de la Cámara de Diputados para respaldar el presupuesto solicitado por el Poder Judicial para el año 2024, así como la existencia de los fideicomisos relacionados.
En una reunión de la Comisión de Justicia, Morales González se enfrentó a los diputados de Morena, quienes cuestionaron la legalidad de los 14 fideicomisos que forman parte del Poder Judicial, alegando que se habían financiado con excedentes presupuestarios.
Uno de los diputados morenistas, Juan Ramiro Robledo, señaló que había información de que los recursos excedentes se habían acumulado en los fideicomisos y preguntó si eran conscientes de que esto violaba la ley de presupuesto. Morales González respondió explicando la diferencia entre subejercicios, economías y ahorros, argumentando que los recursos acumulados en los fideicomisos provienen de esfuerzos para ajustar el gasto operativo y no de transferencias de subejercicios, mientras que las disponibilidades presupuestarias se reintegran a la tesorería de la federación.
El diputado Hamlet Almaguer, también de Morena, mencionó que en 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había observado los fideicomisos del Poder Judicial y destacó que se habían encontrado irregularidades, aunque no especificó cuáles. Morales González aclaró que la ASF había emitido recomendaciones pero no había declarado la ilegalidad de los fideicomisos ni su manejo inadecuado.
En relación a conceptos presupuestales considerados como «privilegios,» como la compensación garantizada y la gratificación de fin de año, Morales González explicó que estos conceptos están respaldados por la Ley Federal de Remuneraciones y forman parte de las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de todos los poderes.
En cuanto al presupuesto solicitado para 2024, Morales González indicó que se destinan 84,792.4 millones de pesos, representando un aumento real del 4%. Resaltó que cada peso del presupuesto está sustentado y se utilizará para garantizar el acceso a la justicia como un derecho humano. Además, mencionó que el presupuesto del Poder Judicial ha disminuido en términos reales en los últimos cinco años, a pesar de un aumento en la carga de trabajo en tribunales y juzgados federales.
La Oficial Mayor enfatizó que la solicitud presupuestaria se ajusta estrictamente al marco legal y se destina principalmente a financiar la operación del Poder Judicial y cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de reformas recientes.
