Un juez de Nueva York, Arthur Engoron, emitió una decisión el martes en la que se negó a desestimar la demanda presentada por la fiscal general del estado, Letitia James, en la que acusa a Donald Trump de inflar ilegalmente sus activos y patrimonio neto, y determinó que el expresidente y la Trump Organization son responsables de fraude. La decisión marca un hito en el litigio en curso.
El juez Engoron encontró que tanto el expresidente como su empresa habían engañado a bancos, aseguradoras y otros al sobrevalorar considerablemente sus activos y exagerar su patrimonio neto en la documentación utilizada para realizar transacciones comerciales y obtener financiamiento. De acuerdo con la decisión, Trump, su empresa y ejecutivos clave habían mentido repetidamente sobre estos datos en sus estados financieros anuales, lo que les permitió obtener términos de préstamo favorables y primas de seguros más bajas.
La demanda de Letitia James, presentada en septiembre de 2022, acusaba a Trump y a la Trump Organization de mentir durante una década sobre el valor de los activos y su patrimonio neto para obtener condiciones más beneficiosas en préstamos bancarios y seguros. La fiscal general sostuvo que Trump infló su patrimonio neto hasta en 2,230 millones de dólares, y en una medida incluso hasta en 3,600 millones de dólares, en los estados financieros anuales presentados a bancos y aseguradoras. Entre los activos cuyo valor se habría inflado se incluyen la propiedad de Trump en Mar-a-Lago en Florida, su ático en la Trump Tower de Manhattan y varios edificios de oficinas y campos de golf.
Los abogados de Trump y otros acusados no han proporcionado comentarios inmediatos sobre la decisión. El juez Engoron también cuestionó las defensas presentadas por Trump, señalando que carecían de fundamento tanto en hechos como en derecho. Engoron destacó que Trump parecía sugerir que las cifras no podían haber sido infladas porque, en teoría, podría encontrar un comprador dispuesto a pagar cualquier precio sugerido.
El juicio está programado para el 2 de octubre y se espera que se prolongue hasta bien entrado diciembre. Esta decisión judicial representa un paso significativo en la investigación legal en curso relacionada con las finanzas de Donald Trump y su empresa.
