La introducción del catalán, el gallego y el vasco en el Parlamento español durante las sesiones parlamentarias generó tensiones, con el partido de extrema derecha Vox expresando su oposición a la medida. Como protesta, los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo cuando un diputado del Partido Socialista hablaba en gallego y devolvieron los dispositivos de traducción simultánea al castellano.
La presidenta del grupo parlamentario de Vox, María José Millán, declaró que no serán cómplices de lo que consideran una ruptura de la convivencia y se negarán a utilizar traductores para comunicarse con personas de otras regiones de España. El Partido Popular también expresó su desacuerdo con el uso de estas lenguas durante las sesiones y solicitó que no se hiciera uso de ellas hasta que se aprobara formalmente el cambio en el reglamento parlamentario.
La inclusión del catalán, el gallego y el vasco en las sesiones plenarias del Parlamento español fue una demanda de larga data de los partidos nacionalistas de las regiones donde se hablan estas lenguas. Junts per Catalunya logró que esta medida se hiciera realidad a cambio de su apoyo para elegir a la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.
Estas lenguas tienen estatus de lengua cooficial en seis regiones de España y se enseñan junto al castellano en las escuelas y se utilizan en la administración pública y en el parlamento regional en Cataluña, País Vasco y Galicia. Durante el régimen de Francisco Franco, estas lenguas fueron prohibidas y se promovió el uso exclusivo del castellano, aunque continuaron enseñándose en la clandestinidad.
El partido de Carles Puigdemont, expresidente regional de Cataluña, también ha solicitado que se busque el reconocimiento del catalán, el vasco y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, una propuesta que fue discutida por los ministros de Asuntos Europeos del bloque, aunque con objeciones y la petición de más tiempo para decidir.
Estos acontecimientos reflejan la diversidad lingüística y las tensiones políticas en España en relación con las lenguas regionales y su uso en las instituciones públicas. La inclusión de estas lenguas en el Parlamento español es parte de un proceso más amplio de descentralización y reconocimiento de las identidades culturales y lingüísticas de las diferentes regiones del país.
