En un mensaje difundido en redes sociales, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, enfatizó el compromiso inquebrantable del Gobierno de México para resolver el caso de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa como un asunto prioritario y de máxima importancia.
Desde el inicio de la investigación, los padres y madres de los normalistas desaparecidos han instado a atender cuatro ejes fundamentales que son cruciales para alcanzar la verdad y la justicia en este lamentable suceso. Entre estos ejes, se encuentra la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería en los hechos, el posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco, Guerrero, por parte de policías federales, municipales y ministeriales, el análisis de la red de telefonía celular y el trasiego de droga de Iguala, Guerrero, a Chicago, Estados Unidos, como posible móvil de la agresión.
En este contexto, Encinas destacó que todos estos temas han sido atendidos y que, en la actualidad, se encuentran detenidos y sujetos a proceso 14 militares de distintos grados, incluyendo a dos generales, además de siete policías municipales, seis policías estatales y seis policías federales ministeriales, quienes también están sujetos a proceso penal.
Uno de los avances significativos en la investigación ha sido el análisis exhaustivo de 87 millones de registros de redes telefónicas, lo que permitió la depuración de 84 mil registros de las llamadas realizadas los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Además, se logró el mapeo y geolocalización de 116 números telefónicos que resultaron ser de vital importancia para desmentir por completo la versión
En medio de los avances, Alejandro Encinas denunció una campaña de desinformación que pretende socavar los logros obtenidos en la investigación. Sin embargo, aseguró que se brindará una transparencia total sobre las acciones realizadas por la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa en los últimos cuatro años, siempre con pleno respeto a las víctimas y sus familias, y guardando el sigilo que corresponde a toda investigación penal.
