El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció una medida urgente para enfrentar los estragos causados por los violentos disturbios que estallaron tras la trágica muerte del joven llamado Nahel a manos de la policía.
Macron, quien se reunió con más de 220 alcaldes de las zonas afectadas, expresó su preocupación por la posibilidad de un resurgimiento de la violencia, aunque señaló que «el pico que hemos visto en los últimos días ya pasó».
Durante la noche del lunes al martes, se registraron 24 edificios dañados y 159 autos incendiados, lo que representa una disminución en la intensidad de los disturbios. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 72 personas y no hubo agentes heridos.
Los disturbios se desencadenaron la noche del martes 27 de junio, después de que un policía disparara a quemarropa a Nahel, un joven de 17 años, durante un control de tráfico en Nanterre, un suburbio de París.
Desde entonces, se han incendiado comisarías, escuelas y ayuntamientos, se han saqueado tiendas y se han lanzado cohetes contra las fuerzas de seguridad.
Además de anunciar la implementación de una ley urgente para reparar los daños, Macron se mostró dispuesto a «anular» las cotizaciones sociales y fiscales para los comercios afectados.
La federación francesa de aseguradoras, France Assureurs, informó que se han presentado 5,800 reclamos de particulares y profesionales.
La clase política aún no ha llegado a un consenso sobre las causas de esta explosión de violencia, como quedó evidenciado durante la reunión con los alcaldes. Mientras que la derecha y la ultraderecha exigen mano dura contra los responsables de los disturbios, la oposición de izquierda también señala el controvertido papel de la policía.
«La República no tiene que disculparse. Ya ha hecho mucho por estos barrios», afirmó el alcalde de derecha de Meaux, Jean-François Copé. Por su parte, Patrick Jarry, alcalde de Nanterre y miembro de la izquierda, consideró que era «inevitable» abordar la misión de la policía.
Las primeras propuestas de Macron, realizadas durante una visita a los agentes de policía, apuntan hacia la primera opción, mencionando la posibilidad de «sancionar económicamente» a las familias de los jóvenes que participen en los disturbios.
El ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, recordó a la fiscalía la «responsabilidad penal» de aquellos que no ejerzan la autoridad parental, lo cual puede conllevar penas de hasta dos años de prisión y multas de hasta 32,700 dólares.
En una semana de disturbios, se han detenido a 3,486 personas y 808 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, según informó el Ministerio del Interior. Además, se han incendiado 5,892 vehículos y se han dañado 1,105 edificios y 269 comisarías, según la misma fuente.
