MIGUEL TIMOSHENKOV
LAREDO, TX. – Un minuto antes del mediodía de hoy jueves, 11 de mayo, se levantará la orden de salud pública del Título 42 en la era de la pandemia porque el COVID-19 no es ya una amenaza.
En consecuencia, la frontera de México se está llenando de ciudadanos de Centro América y de 64 países adicionales.
El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado aseguraron el miércoles que tienen un plan sólido para administrar humanamente la frontera a través de la disuasión, cumplimiento y diplomacia.
El Gobernador Greg Abbott asume que con unos cuantos policías de la Guardia Nacional contendrá la inmigración, acción que se ha convertido en un slogan político electoral.
La Patrulla Fronteriza del Sector Laredo dijo en reciente entrevista con Joel Martínez, jefe de la agencia federal en la región, que reforzará la aplicación del Título 8 para procesar y expulsar rápidamente a las personas que llegan a la frontera ilegalmente y no tienen base legal para permanecer en este país.
Las personas que crucen por la frontera con México sin autorización o sin haber utilizado un camino legal y sin haber programado un horario para llegar a un puerto de entrada serán retirados y se les prohibirá el reingreso durante al menos cinco años y estarán sujetos a un posible proceso penal por intentos repetidos de ingresar ilegalmente.
La transición de regreso al procesamiento del Título 8 para todas las personas encontradas en la frontera entrará en vigencia inmediatamente cuando se levante la orden del Título 42.
DHS dijo el miércoles que abrirá 100 Centros Regionales de Procesamiento para Dirigir a Individuos a Vías Legales.
En los próximos días lanzará una plataforma en línea para que las personas hagan citas para llegar a un centro cercano.
Más de 140 miembros del personal federal, incluido el DHS y el estado y el personal de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se están desplegando para apoyar estos centros que servirán para dirigir a los migrantes a caminos legales.
El personal de los Centros Regionales de Procesamiento evaluará a las personas para determinar su elegibilidad para el reasentamiento de refugiados estadounidenses u otras vías legales a los Estados Unidos, Canadá y España.
