AGENCIAS
Tres mujeres en Texas están siendo demandadas por homicidio culposo por parte de un hombre que afirma que ayudaron a su ahora ex esposa a obtener medicamentos para un aborto, invocando una reciente prohibición estatal sobre la interrupción del embarazo, en lo que podría ser el primer litigio de este tipo.
Texas, gobernado por republicanos, se unió a decenas de estados que impusieron restricciones al derecho al aborto luego de que la Suprema Corte anuló en junio pasado la histórica decisión Roe vs. Wade, que protegía la interrupción de la gestación como un derecho constitucional.
Marcus Silva, quien está demandando a las mujeres por millones de dólares, afirma que ayudaron con el aborto a su ex esposa Brittni Silva a través de «píldoras obtenidas ilegalmente» y conspiraron para mantenerlo en secreto.
Al hacerlo, infringieron una ley estatal que sostiene que «una persona que ayuda a una mujer embarazada a obtener un aborto autogestionado ha cometido el delito de asesinato y puede ser demandada por homicidio culposo», según su demanda.
Silva está representado por Jonathan F. Mitchell, quien defendió la Ley de latidos del corazón de Texas, una ley separada que permite a los ciudadanos demandar a quienes facilitan abortos después de que se puede detectar la actividad cardíaca fetal, y el representante estatal Briscoe Cain, un republicano del área de Houston.
«Cualquier persona involucrada en la distribución o fabricación de píldoras abortivas será demandada hasta el olvido», dijo Cain en un comunicado.
El representante indicó que agregaría a los fabricantes de las píldoras como acusados una vez que sean identificados.
La demanda se produce cuando los estados de todo el país lidian con la forma de legislar los derechos reproductivos a raíz de la decisión de la Suprema Corte de junio, en momentos en que se alistan de cara a las elecciones de 2024.
La organización Planned Parenthood Action Fund calificó la demanda de «exasperante y alarmante».
«Este es el mundo que han creado los políticos en Texas y en todo el país, uno en el que las personas pueden enfrentar consecuencias legales simplemente por apoyar las decisiones de alguien sobre su propio cuerpo», dijo el grupo en un comunicado.
