POR JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
La sesión extraordinaria del pleno del Congreso Local, celebrada ayer, abrió con la ejecutoria a la sentencia del tribunal federal que amparó al magistrado, desplazado por el primer LADRÓN del sexenio, que ya termina, GAD. AARÓN JOEL MEDINA LADRÓN DE GUEVARA, en el 2013 quiso ser candidato del PAN a diputado y hasta recurrió a las instancias jurisdiccionales, reclamando su derecho de militante, pero no prosperó. Luego, el PAN gobierno “lo sembró” en la generosa Auditoría Superior del Estado, buscando más tarde, acomodarlo como titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informción, en la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en una magistratura, dentro del Supremo Tribunal de Justicia.
En este último cargo, como Magistrado Regional, fue donde más duró, poco más de un año, amparado en recovecos leguleyos; como fiscal electoral solo permaneció unos días y de comisionado de transparencia, lo tumbaron antes de tomar posesión.
Ayer, el pleno del Congreso Local, finalmente acató la sentencia del Juzgado XII de distrito, promulgada en enero, mediante la cual se ampara al desplazado JAVIER VALDEZ PERALES y se ordena su reinstalación en el Poder Jusicial de Tamaulipas. La ordenanza judicial, confirmada por el tribunal colegiado, no dejó espacio a interpretaciones, de tal manera que en la formalización de su reinstalación, en el acto se le tomó protesta para un ejercicio de seis años.
Lo que parece un trámite ordinario jurisdiccional, no lo es en los límites de su individualidad. LADRON DE GUEVARA no ha sido elegible para los distintos cargos que de manera reitera, le ha promovido el PAN-gobierno, fuera de procedimiento y han sido echados abajo por las instancias respectivas.
Pero no es el único caso; más bien ha sido la constante, en un estado delincuencial que se ha pasado por el arco del triunfo las leyes y reglamentos, con una intención clara de apuntalar cotos de impunidad, de abuso y exceso. Desde el Presidente del Supremo Tribunal, hasta los magistrados que se han incrustado durante el sexenio que termina, en la máxima instancia judicial del Estado, la ineligibilidad, las irregularidades, la improcedencia, han sido de uso coridiano.
Factores que igual aplican en la Fiscalía General de Justicia, desde sus tiempos de Procuraduría y en las fiscalías especializadas, en la auditoría superior del Estado, en el mismo ITAIT y hasta el IETAM, como en su tiempo certificaron las instancias concurrentes.
La ilegal entronización de esos pseudo servidores públicos, se quedaría pequeña, al repaso de los delitos, excesos, despojos, agresiones, que de motu propio, o “por instrucciones superiores”, han cometido en contra de los ciudadanos.
Lo que ayer refirieron en conferencia de prensa, los integrantes de la bancada de MORENA en el Congreso Local, siendo tan grave, como todas las denuncias que se han enderezado contra los que ya se van, no es ni uno, de los tantos pelos de la corrupción que asaltó el poder público tamaulipeco hace seis años.
Ayer mismo, dijeron los legisladores morenistas, se presentaron, ante la Fiscalía General de la República, cuatro denuncias de hechos, presuntamente constitutivos de delito, cometidos en el gobierno estatal saliente. Empresas de bienes raíces con la Secretaría de Obras Públicas coaligados en delitos contra el patrimonio del estado y para lavar dinero; la cooptación de regidores de Reynosa para derrocar al alcalde y poner al hijo del Auditor superior con muchos funcionarios involucrados.
La construcción de las Estaciones Tam sobre predios ajenos y la manipulación en la propiedad de los frentes de playa más visitados del Estado, significan quebrantos mayúsculos, insisto, pero poca cosa, en el mar de las sospechas.
A ver si ahora que es la FGR la encargada de investigar las denuncias, sí se fincan responsabilidades y se aplica todo el rigor de la ley a los involucrados, empezando con quienes, solo en teoría, deberían estar procurando y administrando la justicia en la entidad.
Tienen carta de residencia transexenal y eso es lo que más preocupa a los tamaulipecos; que se vayan a prolongar las formas de abuso, exceso y despojo característicos, desde que llegaron a enquistarse en esas esferas del poder.
Los asuntos de obvia y urgente resolución, de gran trascendencia para el devenir de la sociedad tamaulipeca, que motivaron el rompimiento del receso en que se encuentra la legislatura local, en general, fueron un puñado de llamadas a misa, también conocidas como “exhortos”, con alguna excepción que confirme la regla.
