JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
En la conferencia La Mañanera Legislativa, liderada por HUMBERTO PRIETO HERRERA, la frase «hasta las últimas consecuencias» sirvió para hablar de la muerte de una niña en Matamoros y de las contrataciones electorales bajo escrutinio.
Las consecuencias, por lo pronto, siguen a futuro. Lo que podría ponerse en presente es una fecha para comparecer, un plazo para entregar documentos y el nombre de quien debe responder en los llamados “daños colaterales” de la aprehensión de un presunto capo en Matamoros.
El fiscal general había confirmado que los disparos salieron de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de ahí la pregunta si el Congreso debía llamar a cuentas al Secretario del ramo.
PRIETO respondió que se puede llamar a cualquier secretario y que en este caso «no lo descartamos». También respaldó la postura del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA de esclarecer la muerte de la menor y castigar a quien resulte responsable.
La familia tiene derecho a saber quién dirigió el operativo, en qué circunstancias se disparó y qué hizo la corporación al conocer lo ocurrido.
El diputado habló también de ofrecer disculpas a los deudos. Una disculpa pública tendría sentido acompañado de una explicación que la familia pueda contrastar con la investigación.
Pero más aún, los hechos de Matamoros han servido para airear otros presuntos sucedidos que despiertan suspicacias sobre eventuales complicaciones entre la autoridad constituida y los grupos al margen de la ley. PRIETO pidió pruebas. Es lo que corresponde antes de atribuirle a alguien una conducta criminal.
Al Congreso le toca otra tarea que puede empezar desde ahora: pedir los informes de cada caso y preguntar qué ha hecho Seguridad Pública para esclarecerlos, lo que se daría en torno de la eventual comparecencia.
El presidente del Congreso defendió los avances en seguridad y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Si esa coordinación operó en Matamoros, la comparecencia permitiría saber qué autoridad tomó cada decisión.
Ahí está la parte de la coordinación que interesa cuando un operativo termina con la muerte de una niña. El segundo expediente es el del Instituto Electoral de Tamaulipas.
En la conferencia se habló de 37 millones de pesos por la impresión de boletas y se cuestionó que el contrato no estuviera a la vista. PRIETO exhortó al IETAM a aclarar si sus contrataciones se ajustaron a la ley. El Instituto puede hacerlo con el fallo, los contratos, los comprobantes de pago y las actas de entrega.
De paso quedaría claro qué se compró, a quién y con qué recursos. Esa aclaración llega a cuento porque el Congreso tendrá que revisar el presupuesto electoral de 2027. En la conferencia se habló de una petición de 800 millones de pesos. PRIETO recordó, con reserva, que en 2024 habían sido unos 600 millones.
La diferencia de 200 millones salió de ese cálculo verbal. Antes de discutirla como un aumento, la Comisión de Finanzas tendría que poner sobre la mesa dos cifras comparables y explicar cuánto corresponde a la operación del Instituto, cuánto a las prerrogativas y cuánto a organizar la elección. El diputado ubicó el 15 de diciembre como fecha límite para aprobar el presupuesto.
Para la convocatoria de la Fiscalía Electoral, que quedó vacante tras la salida de su titular al IETAM, calculó unas semanas y dijo que espera emitirla antes de que termine el periodo legislativo. Hay, pues, una fecha para votar el dinero de la elección y una previsión para cubrir la vacante de quien investigará los delitos electorales.
Falta saber cuándo podrán los aspirantes conocer las bases y cuándo podrá el público revisar cómo se hará la designación. También le preguntaron a HUMBERTO por Reynosa. Insistió en que está ocupado en su informe como diputado del Distrito 7 y que quiere cuidar las formas.
Dejó abierta la posibilidad de hablar de sus intenciones en una o dos semanas. Sigue sin aclarar si se registró. Defendió, además, el derecho de sus compañeros a buscar otros cargos y dijo que el trabajo legislativo puede continuar.
La manera de comprobarlo está al alcance de cualquiera que pueda consultar las asistencias, los dictámenes y las votaciones cuando empiecen a moverse las candidaturas. La última pregunta llevó la rendición de cuentas a la propia casa.
Ante señalamientos sobre pagos a familiares y a empresas presuntamente vinculadas con la delincuencia, PRIETO sostuvo que las operaciones del Congreso se ajustan a la ley y dijo que dejaría la presidencia si se demostrara lo contrario.
Afirmó que los proveedores están inscritos en el padrón aprobado por el Gobierno y que no hay una denuncia en su contra con pruebas fehacientes.
El líder del Congreso Local capoteó bien las preguntas que evidentemente le mandaron hacer, quienes quieren hacerle trastabillar porque se atraviesa en la ruta de sus particularísimos intereses.
Lo suyo es el hacer y procurar que las leyes se cumplan en beneficio de la colectividad. Hasta las últimas consecuencias.
