La ampliación de la concesión para la construcción de la carretera Mante-Ocampo-Tula no es cosa menor.
Ciertamente, aparece harto beneficioso que mientras para la ruta, ya construida, se haya presupuestado cerca de 7 mil millones de pesos, con unos mil más -8 mil- se vaya a hacer el libramiento de El Mante y el Viaducto de Tampico, ampliando la concesión en 22 años, contra los 30 amparados en la primera obra.
Los dineros, de suyo, siempre son controversiales y chocan regularmente en el desconocimiento de los neófitos; en los procedimientos es en lo que luego nos atoramos.
En la premisa de que eso se dió en administraciones pasadas, del PAN y del PRI, no queda muy claro en qué momento y por qué instancias se dio el cambio del concesionario para la ejecución de la obra, entre el 2009 que se dio la asignación y el 2019, que se hicieron las primeras modificaciones al decreto.
A los accionistas originales, primero se agregó una fiduciaria y luego todos fueron relevados por dos subsidiarias de la controvertida constructora tabasqueña HYCSA, quien finalmente incluye razón social y obra dentro de sus activos.
Fue en ese mediados del sexenio cabecista, cuando se formalizó el paso de una concesión a la iniciativa privada para construir y explotar la rúa, a un esquema donde el gobierno se comprometió a pagarle a la constructora, la diferencia entre los recaudado por los peajes y las cifras estimadas de recaudación.
No quedan claros los montos, pero establecen que sean tantos como los suficientes para cubrir los financiamientos y las ganancias esperadas.
La Secretaría de Hacienda federal registró el proyecto por 6 mil 300 millones de pesos; los estados financieros de HYCSA hablan de una obra por 6 mil 765 millones y el crédito contratado en abril del 2022 -en las postrimerías del gobierno cabecista- llega hasta los 8 mil 699 millones. En la estructura aparecen Banorte, Banobras y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
La información pública del Fondo de Capital para Infraestructura solo registra una inversión de 732 millones de pesos realizada el 12 de noviembre de 2021 mediante deuda subordinada relacionada con Autopista Mante-Tula.
Las obras, si se iniciaron antes, no se habían notado; fue hasta el inicio del gobierno del doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA que se publicitó y conoció del avance de los trabajos, hasta su conclusión.
El año pasado, el Congreso resolvió de la ampliación de la concesión, con las nuevas obras y plazos y esta semana se formalizaron por la propia representación popular, a instancias del Ejecutivo, acotando hasta el 7 por ciento del fondo de participaciones federales la afectación parra el cumplimiento de aquellos compromisos, contra la amplitud que venía de origen.
La calificadora PCR Verum señaló que, después de incorporar el Libramiento Mante y el Viaducto Elevado Altamira-Tampico, así como extender la concesión, ésta concluiría ahora en 2072.
Además, calcula que el monto pendiente por ejecutar relacionado con esta concesión pasó de aproximadamente 4 mil 954 millones en el segundo trimestre de 2025 a 22 mil 232 millones en el segundo trimestre de 2026.
Es una variación de aproximadamente 17 mil 278 millones. No necesariamente es así, pero sí se acerca a las consideraciones del último decreto, pero aquí no hay conflicto.
En Zacatecas, la constructora HyCSA tiene demandado al Gobierno del Estado porque en 2024 le concesionaron la construcción de un “segundo piso” en la capital, sobre el bulevar metropolitano, igualito al de la zona conurbada del sur tamaulipeco, con todo y la cesión de participaciones federales, pero la obra se canceló por amparos que interpuso y obtuvo el ayuntamiento.
El primer argumento del alcalde para cuestionar la obra fue el asegurar que la constructora repartió “moches” para conseguir la concesión de infraestructura innecesaria en la ciudad. Ese fue un lugar común en las expresiones del pasado gobierno panista.
Los amparos zacatecanos fueron por temas de corte ecológico y derechos de autoridad. Como invocó Menduo: ¡Ven claridad!
