La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza vigilancia para que los empleados trabajen en condiciones dignas, seguras y apegadas a la legislación, una acción impulsada por Américo Villarreal
CIUDAD VICTORIA. – Con 690 inspecciones y 845 visitas realizadas a empresas durante este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fortalece la vigilancia de las condiciones laborales para garantizar que las y los trabajadores cuenten con empleos dignos, seguros y apegados a la legislación, como parte de las acciones impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, explicó que la reciente creación de la Dirección General de Inspección permitirá ampliar y fortalecer el proceso de supervisión, privilegiando el acompañamiento y la regularización de los centros laborales antes de recurrir a la aplicación de sanciones.
Entre las principales irregularidades identificadas durante las revisiones destaca la forma en que algunas empresas contabilizan el tiempo extraordinario laborado por las personas trabajadoras, situación que representa una prioridad para la autoridad laboral debido a su impacto directo en la remuneración de las y los trabajadores.
También se han encontrado observaciones relacionadas con el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), así como con el otorgamiento de vacaciones conforme a las disposiciones laborales vigentes.
Illoldi Reyes destacó que las acciones de inspección no tienen como objetivo sancionar de manera indiscriminada al sector empresarial, sino acompañarlo para que pueda corregir posibles incumplimientos y mantener relaciones laborales estables.
En este sentido, precisó que las 845 visitas efectuadas a empresas no representan necesariamente inspecciones formales, debido a que una parte corresponde a recorridos informativos y de orientación que son solicitados por los propios centros de trabajo para conocer sus obligaciones y verificar el cumplimiento de la normativa.
El proceso contempla una etapa de dictaminación posterior a la inspección, durante la cual los empleadores tienen la posibilidad de acreditar que han cumplido con sus obligaciones o corregir las situaciones detectadas.
La aplicación de sanciones se prevé para una etapa posterior, cuya entrada en funcionamiento se proyecta para el próximo año.
El secretario subrayó que el esquema de vigilancia laboral no persigue fines recaudatorios, sino regulatorios, por lo que las eventuales sanciones no representan un mecanismo para financiar el presupuesto estatal.
La dependencia también mantiene acciones de orientación y acompañamiento a empresas en torno a la implementación de la Ley Silla, aun cuando la supervisión directa de esta reforma corresponde, por facultades y competencias, a la autoridad laboral federal.
Con estas acciones, se busca consolidar una cultura de cumplimiento entre empleadores y trabajadores, fortaleciendo la prevención de conflictos y promoviendo espacios laborales donde se respeten plenamente los derechos establecidos en la legislación.
