El exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa habría acordado entregarse a EU; lo acusan de ser intermediario entre Rubén Rocha Moya y el grupo delictivo ‘Los Chapitos’
CDMX. – Luego de que se diera a conocer la detención en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, trascendió que el exsecretario de Administración y Finanzas del estado, Enrique Díaz Vega, presuntamente habría sido detenido en Europa y acordó entregarse de manera inmediata a autoridades estadounidenses.
Enrique Díaz Vega trabajó de la mano del presidente con licencia y también señalado por Estados Unidos, Rubén Rocha Moya.
La información fue difundida por el medio Infobae y, hasta el momento, no ha sido confirmada oficialmente por autoridades mexicanas o estadounidenses.
Díaz Vega aparece dentro de la acusación formal presentada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Los cargos señalados por las autoridades estadounidenses incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración relacionada con armamento de alto poder.
De acuerdo con la acusación, las personas imputadas podrían enfrentar penas mínimas de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua en caso de ser encontradas culpables.
En los documentos judiciales emitidos por el Distrito Sur de Nueva York, el gobierno estadounidense sostiene que existía una estructura de colaboración entre integrantes del gobierno de Sinaloa y la facción criminal conocida como Los Chapitos, identificada como parte del Cártel de Sinaloa.
Según la acusación, Enrique Díaz Vega habría fungido como intermediario entre Rubén Rocha Moya y los líderes de Los Chapitos, encabezados por Iván Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
El documento judicial señala que, previo a las elecciones estatales de junio de 2021, Díaz Vega presuntamente se reunió con integrantes de dicha facción criminal para entregar información relacionada con adversarios políticos de Rocha Moya.
Entre los datos que, según la acusación, habrían sido proporcionados, se encontraban nombres y direcciones de opositores políticos con el propósito de que fueran intimidados y presionados para abandonar la contienda electoral.
