JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
De dejar de administrar las inercias y corregir el rumbo, se tratan las grandes decisiones que, en la cosa pública, tanto local como nacional, se han estado dando en estos días.
La reforma electoral anunciada ayer por la Presidenta de la República CLAUDIA SHEINBAUM PARDO apunta precisamente a otra vieja traba, muy en el reclamo de todos los mexicanos: menos gasto electoral, más ciudadanía y reglas más claras.
Reducir hasta en 25 por ciento el costo de las elecciones no es un capricho contable, es responder a una sociedad que exige austeridad en las instituciones y resultados en la calle.
Si el dinero público puede destinarse a programas sociales en lugar de estructuras sobredimensionadas, el mensaje es directo: la democracia no tiene por qué ser onerosa para ser legítima.
La modificación a la representación proporcional toca una fibra sensible. Durante años, los llamados plurinominales simbolizaron distancia entre el poder y el ciudadano y más vicios de una política ficticia en la que las cúpulas se repartían el poder como, cuota, canonjía generosa descansando sobre las espaldas del pueblo.
Vincularlos al voto efectivo —97 mejores segundos lugares, 95 electos en circunscripciones y 8 de mexicanos en el extranjero— reconfigura la lógica: nadie llega a la máxima representación popular sin respaldo medible.
En el Senado, la eliminación de la representación proporcional y la permanencia de 96 escaños mayoritarios y de primera minoría, simplifica la arquitectura legislativa y reivindica el rol histórico de la Cámara Alta como foro por excelencia del pacto federal.
Menos dispersión, más claridad en la responsabilidad política. ¿Se debilita la pluralidad?, o, por el contrario, ¿se fortalece la legitimidad directa de quienes votan y de quienes legislan? La fiscalización más estricta, el combate al nepotismo y la regulación de inteligencia artificial y bots en campañas colocan el debate en el siglo XXI.
La manipulación digital ya es un riesgo real; ignorarlo sería ingenuo y prolongar los perjuicios de la manipulación tramposa hecha gobierno que ya ha causado no pocos estragos en la sociedad. Reducir tiempos oficiales de 48 a 35 minutos diarios para la promoción política en los medios electrónicos también rompe inercias.
Menos saturación, más contenido sustantivo. Y la prohibición de reelección inmediata a partir de 2030 devuelve al electorado el control periódico sobre sus representantes tanto en las Cámaras como en los espacios ejecutivos del poder público. Hay resistencias, claro, al tamaño de los privilegios en juego.
Aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, han expresado reservas, mientras la oposición alerta sobre supuesta concentración de poder.
La pregunta de fondo es otra: ¿quién se opone a reducir costos, transparentar recursos y cortar la influencia de estructuras cupulares? La Presidenta lo dibujó en forma precisa: quienes voten en contra -de la reforma- se van a evidenciar frente a los ciudadanos, que han sido los primeros demandantes de tales cambios.
En paralelo, en Tamaulipas, el llamado del presidente del Congreso, HUMBERTO ARMANDO PRIETO HERRERA, marca otro punto de inflexión.
Convocar a víctimas y testigos a denunciar a FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, tras la caída del amparo que lo mantuvo a salvo, reviste capital trascendencia. Es confirmar que el poder dejó de ser refugio para el delito. La justicia, cuando llega, no solo sanciona; reordena la vida pública.
Reforma electoral y combate a la impunidad parecen temas distintos. No lo son. Ambos apuntan a desmontar privilegios y a recordarle al poder que su origen y su límite están en la ciudadanía.
Como el Congreso federal y los congresos locales asumen esa brújula, el país puede entrar en una etapa donde la democracia cueste menos y valga más. La transformación verdadera no se proclama. Se prueba cuando las reglas se aplican sin excepción.
