El caso intensifica el enfrentamiento entre la Casa Blanca y los gobernadores demócratas por el uso del ejército en operaciones civiles dentro del país.
Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema federal que permita el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área metropolitana de Chicago, una medida que profundiza el conflicto con varios gobernadores demócratas sobre la intervención militar en asuntos internos.
La apelación de emergencia se presentó después de que la jueza April Perry, del Distrito Norte de Illinois, bloqueara por al menos dos semanas el envío de efectivos de las Guardias Nacionales de Illinois y Texas para participar en la aplicación de la ley de inmigración.
Un tribunal federal de apelaciones rechazó posteriormente suspender su decisión. El procurador general D. John Sauer, principal abogado del gobierno ante el máximo tribunal, instó a los jueces a intervenir con urgencia, argumentando que la orden de Perry “limita indebidamente la autoridad presidencial y pone en riesgo al personal y la propiedad federal”.
Desde que Trump asumió el cargo en enero, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, ha concedido al mandatario varias victorias en apelaciones de emergencia, incluyendo el veto a personas transgénero en el ejército y recortes en gasto federal aprobado por el Congreso.
En su fallo, la jueza Perry señaló que no existen pruebas de una “situación de rebelión” en Illinois que justifique la movilización militar bajo la legislación vigente.
El viernes, once personas fueron detenidas durante una protesta frente a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el suburbio de Broadview, al oeste de Chicago.
En las últimas semanas, la sede del ICE en esa zona ha sido escenario de manifestaciones en las que agentes federales han empleado gases lacrimógenos y otros agentes químicos contra manifestantes y periodistas. La oposición al despliegue de la Guardia Nacional se ha extendido a otros estados.
En Oregón, un juez federal también bloqueó temporalmente el envío de tropas, mientras que en Tennessee, legisladores demócratas presentaron una demanda para detener la presencia militar en Memphis.
Argumentan que el gobernador republicano Bill Lee, apoyado por Trump, violó la Constitución estatal al autorizar el despliegue sin aprobación legislativa, pese a que ésta solo lo permite en casos de “rebelión o invasión”.
“El despliegue establece un precedente peligroso de intrusión militar en las comunidades locales”, advirtió el concejal JB Smiley. Desde el 10 de octubre, tropas de la Guardia Nacional patrullan el centro de Memphis portando armas y chalecos identificados como “policía militar”.
Las autoridades aseguran que los efectivos no tienen facultades de arresto, aunque participan en labores de vigilancia. En declaraciones recientes, el gobernador Lee defendió la medida, afirmando que “Memphis necesita todos los recursos posibles para eliminar el elemento criminal”, en una ciudad con altos índices de violencia, aunque las cifras de este año muestran una leve mejora.
