El organismo empresarial considera ilegal el nuevo costo de las visas H-1B y acusa al gobierno de alterar normas establecidas por el Congreso a trabajadores extranjeros altamente calificados.
WASHINGTON.- La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó este jueves una demanda federal contra la tarifa de 100 mil dólares establecida por la administración del presidente Donald Trump para las solicitudes de visa de trabajo H-1B, destinada a trabajadores extranjeros altamente calificados.
En su demanda, el organismo empresarial argumenta que la medida, anunciada a finales de septiembre, viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece que las tarifas deben reflejar los costos reales del gobierno para procesar las solicitudes, no servir como instrumento de política restrictiva o recaudatoria.
“La nueva tarifa impuesta por la administración es ilegal, pues contradice las disposiciones del Congreso y desvirtúa el propósito del programa H-1B”, señaló la Cámara en un comunicado.
La Cámara de Comercio, que representa a más de 300 mil empresas de distintos sectores, explicó que esta acción legal es la primera demanda que interpone contra la administración Trump desde que el mandatario republicano inició su segundo mandato en enero.
El vicepresidente ejecutivo y director de políticas, Neil Bradley, reconoció los esfuerzos del gobierno por fortalecer la economía nacional, pero advirtió que el crecimiento sostenido del país depende de una fuerza laboral calificada suficiente, algo que —afirmó— se ve amenazado por esta medida.
“El desarrollo económico de Estados Unidos requiere atraer y retener talento global. Penalizar a las empresas con tarifas desproporcionadas limita esa posibilidad”, subrayó Bradley.
En la demanda, la Cámara sostiene que la proclamación presidencial excede los poderes del Ejecutivo y altera el sistema de visas diseñado por el Congreso, generando incertidumbre en sectores como la tecnología, la salud y la ingeniería, altamente dependientes de la mano de obra especializada extranjera.
La acción judicial podría convertirse en un caso clave para definir los límites del poder presidencial en materia migratoria y económica, en medio de un segundo mandato marcado por políticas más restrictivas hacia la inmigración laboral.
